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TSE BUSCA EFICIENTE APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS

Magistrados, directores, jefes y personal  del Tribunal Supremo Electoral, así como representantes de partidos políticos, participaron en un taller donde se analizó la implementación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En la actividad se logró establecer  la participación ciudadana en los ámbitos:

 1. Nacional. Existe desde el año 2002 un marco legal para la participación ciudadana en Guatemala. Se trata de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural reformada, el Código Municipal adecuado a esta, y la Ley de Descentralización. Las principales limitantes para la puesta en práctica de estas normativas que buscan fortalecer la democracia participativa, están vinculadas principalmente con la corrupción en la obra pública y la cultura autoritaria.

 2. Partidario. Acerca de los partidos políticos se ha reconocido en reiterados estudios que en Guatemala han funcionado como maquinaria electoral con capacidad de comprar votos, cooptar líderes, “acarrear” votantes, y que son estructuras propiedad de determinadas personas y consecuentemente estructurados de manera antidemocrática.

 3. Institucional. En la reforma electoral de 2016 se incluyó para el Tribunal Supremo Electoral, en el artículo 15 Bis, la responsabilidad de instaurar un mecanismo de participación ciudadana para la población empadronada, con el objetivo de incidir en la definición y desarrollo de las políticas públicas del Estado guatemalteco, lo que debe ser debidamente estudiado para generar una propuesta.

 Para abordar los aspectos mencionados, los participantes acordaron la organización de un foro en el que expertos interdisciplinarios en los temas de modernización del Estado, administración pública, partidos políticos y participación ciudadana, puedan dar a conocer sus opiniones al respecto.

 En la  actividad serían convocados representantes de partidos políticos, participantes en el Sistema de Consejos de Desarrollo, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y personal de Tribunal Supremo Electoral, especialmente Delegados y Subdelegados del Registro de Ciudadanos.

 

 

 

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